La Corporación municipal aprueba la declaración conjunta que reclama un juzgado exclusivo de violencia de género para Santiago
Con la aprobación por unanimidad de esta declaración en la sesión plenaria de hoy, los grupos municipales reiteran la necesidad de dotar a Compostela de un juzgado exclusivo de violencia contra las mujeres “sin que esto signifique que se prescinde de ningún otro instrumento judicial y sin que se elimine ningún otro juzgado de instrucción”.
A través de esta declaración, la Corporación Municipal urge nuevamente “la necesidad de dotar la capital de Galicia de un juzgado exclusivo de violencia contra las mujeres sin que esto signifique que se prescinde de ninguno otro instrumento judicial y sin que se elimine ningún otro juzgado de instrucción”.
En el documento se señala que “tanto la evolución del número de denuncias por violencia machista como las recomendaciones para el tratamiento especializado de estos casos, justificaron la reclamación de un juzgado específico sobre violencia de género en Santiago de Compostela, que fue apoyada por la unanimidad del Pleno de la Corporación en la sesión común del 25 de marzo de 2021”.
La declaración fundamenta esta demanda tanto en la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, que alude al objetivo de especializar el tratamiento de las denuncias por violencia machista, como en el Pacto de Estado contra la violencia de género que señala la necesidad de “reforzar la especialización en el ámbito procesal intermedio, juzgados del penitenciario, que es lo que atiende un mayor número de casos” de violencia machista.
También se recuerda que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en su reunión del 24 de enero de 2025 acordó solicitar la creación de nuevas unidades judiciales en Galicia y el primer de los órganos solicitados fue el Juzgado de Violencia sobre las Mujeres de Santiago de Compostela. Esta resolución trae causa también del acuerdo de la comisión mixta del día 30 de mayo de 2024 entre el Tribunal Superior de Galicia y la Xunta de Galicia.